Una red de complicidades facilitaba el contrabando en el centro penitenciario de Cuenca.
Una investigación minuciosa develó una red de corrupción que operaba al interior de la cárcel de Turi, en Cuenca. Celulares, chips y dinero en efectivo eran algunos de los artículos más solicitados por los reclusos, quienes pagaban altas sumas para obtenerlos.
La modalidad era sencilla pero efectiva: un recluso se encargaba de recibir los pedidos de sus compañeros y negociar los precios. Por su parte, una empleada del economato y una guardia penitenciaria se encargaban de burlar los controles de seguridad y hacer ingresar los objetos prohibidos, ocultándolos en sus prendas de vestir.
La Policía Nacional, tras meses de seguimiento, logró desmantelar esta organización criminal, deteniendo a sus principales integrantes. Durante los allanamientos realizados en Cuenca, Quito y Guayaquil, se incautaron teléfonos celulares, computadoras y otros elementos de interés para la investigación.
El coronel Pablo Guachamín, comandante de la Subzona de la Policía Nacional en Azuay, señaló que este caso demuestra la necesidad de fortalecer los controles de seguridad en los centros penitenciarios, especialmente en lo que respecta a las mujeres, quienes suelen utilizar métodos más ingeniosos para ocultar los objetos prohibidos.
Las autoridades advierten que el ingreso de teléfonos celulares a las cárceles representa una grave amenaza para la seguridad, ya que facilita la planificación de delitos y la comunicación entre bandas criminales.
